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Un grupo de funcionarios públicos y directivos de empresas estatales accedió en las últimas semanas a créditos hipotecarios por montos millonarios, según surge de registros públicos, lo que abrió un debate sobre la transparencia y el acceso al financiamiento en la Argentina.
Entre los casos difundidos se encuentra el del diputado nacional de La Libertad Avanza Mariano Campero, quien obtuvo un crédito por 279 millones de pesos (unos 243 mil dólares), y el de Emiliano José Mongilardi, director de YPF, con un préstamo de 309 millones de pesos (alrededor de 207 mil dólares).
También figura Juan Pablo Carreira, responsable de estrategia de comunicación digital en el ámbito del Estado, quien accedió a un crédito por 113 millones de pesos (unos 76 mil dólares), mientras que el diputado Alejandro Bongiovanni recibió un financiamiento de 255 millones de pesos (176 mil dólares). A su vez, la legisladora Lorena Villaverde obtuvo un crédito por 227 millones y el diputado Santiago Santurio alcanzó los 303 millones de pesos. La información fue mencionada en el programa "Serrucho Económico”, del canal de streaming Ahora Play, donde se señaló que este tipo de operaciones no suele ser comunicado públicamente por los propios funcionarios como parte de su situación patrimonial.
En ese marco, también se indicó que algunos familiares de los involucrados habrían gestionado créditos adicionales, lo que amplificó la discusión pública en torno al acceso al crédito en el país.
El tema generó repercusiones en distintos ámbitos, donde se puso el foco en la necesidad de garantizar mecanismos transparentes en el acceso al financiamiento para vivienda, especialmente cuando involucra a funcionarios o personas vinculadas al sector público, en un contexto de restricciones crediticias para amplios sectores de la población.