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El coordinador del Observatorio de Tarifas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Alejandro Einstoss, afirmó que la implementación de una tarifa social eléctrica focalizada es una de las principales apuestas del Gobierno, aunque advirtió que su aplicación requiere un fuerte nivel de coordinación entre Nación, provincias y municipios.

En ese marco, Einstoss señaló que la transferencia de la administración de la tarifa social eléctrica a las provincias generó un entramado regulatorio complejo, con distintos esquemas tarifarios según cada jurisdicción, a los que se suman regulaciones municipales y el sistema nacional vigente.

En diálogo con “Serrucho Económico”, el streaming de Ahora Play, el especialista sostuvo que para diseñar una política eficiente y sin exclusiones es imprescindible el diálogo entre los distintos niveles del Estado. “Vas a tener que dialogar con provincias y municipios: unificar bases, padrones, criterios y umbrales”, afirmó.

Según explicó, cada provincia debe aportar información sobre los beneficiarios locales de la tarifa social, mientras que los municipios también cumplen un rol clave en la identificación de los hogares que reciben el beneficio. Esta articulación, indicó, es central para evitar superposiciones o vacíos en la cobertura.

Einstoss remarcó además la necesidad de establecer criterios comunes y umbrales adecuados según las características de cada región. Como ejemplo, señaló que los límites de consumo en zonas cálidas del norte del país no pueden ser los mismos que los de ciudades del centro o sur, debido a diferencias climáticas y de uso de energía.

Finalmente, sostuvo que el desafío es garantizar el acceso a la energía sin dejar sectores desprotegidos y afirmó que “la mayoría de las familias de ingresos medios deberían mantener subsidios”, al tiempo que destacó la importancia de una política tarifaria que combine focalización, equidad y sostenibilidad.